Casos Legales por Violaciones a Leyes Ambientales

        Violaciones a la Ley 292 - En octubre del 2002, CDK - representado por el Lcdo. Pedro Saadé Llorens y estudiantes de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico - presentó una demanda en contra del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Planificación por violaciones a la Ley 292 de 1999, conocida como la Ley para Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico.  Esta Ley establece la política pública del Estado Libre Asociado sobre la conservación de las regiones del karso en Puerto Rico y exige que el DRNA completara un estudio para agosto del 2001 que identificara y seleccionara las áreas del karso que se dedicarían a propósitos de conservación.  Los resultados de dicho estudio debían ser integrados en la reglamentación del DRNA y resultarían en la designación de nuevos distritos de zonificación enfocados en conservación por la Junta de Planificación.  Para finales del año 2002, ninguno de los requisitos de la Ley 292 habían sido cumplidos por ambas agencias.

        CDK llegó a un acuerdo en la corte con el DRNA luego que la agencia acordara cumplir con un plan de trabajo donde culminaría el estudio sobre el karso para septiembre del 2004.  Lamentablemente, el DRNA luego de muchas vistas en el tribunal completó el estudio en septiembre del 2008. A pesar de haberse aprobado dicho plan y aceptado por el Tribunal tanto el DRNA y la Junta de Planificación continúan aprobando proyectos en violación al acuerdo del Tribunal y lo que dispone la Ley 292.   

        Incumplimiento de la JCA con la Ley de Política Pública Ambiental - El 25 de octubre de 2002, CDK radicó una solicitud de Mandamus contra la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para que el Tribunal le ordenara a esta agencia a cumplir con el Artículo 8 de la entonces Ley sobre Política Pública Ambiental de 1970.  Este Artículo requería la preparación de un informe anual sobre el estado ambiental de Puerto Rico, que incluyera información sobre la condición de los recursos naturales y el ambiente de nuestro archipiélago; tendencias sobre la calidad de estos recursos en relación a los requisitos sociales, la suficiencia de los mismos para suplir las necesidades futuras del País; una revisión de todos los programas y las agencias dedicados al manejo y administración de los recursos naturales y el ambiente y; recomendaciones para remediar las deficiencias de programas y actividades existentes.  Para la fecha en que se radicó el Mandamus, la JCA no había redactado los informes correspondientes a los años 2001 y 2002.
    Luego de establecer una relación de trabajo con CDK en la cual se revisaron y sometieron comentarios a la JCA sobre los informes anuales de los años 2001, 2002 y 2003, la agencia adoptó dichas recomendaciones, incorporando como una disposición de la nueva Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico (Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 2004) el requisito de tener listo en o antes del 1ero. de julio de cada año el Informe Ambiental Anual correspondiente al final del año natural anterior.  La JCA también ha iniciado los esfuerzos dirigidos a lograr que las demás agencias con información sobre el estado ambiental de Puerto Rico entregen la misma a tiempo a la agencia.

    Protección del Caño Tiburones en Arecibo - Junto a la organización Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA), CDK presentó un caso en contra del DRNA y la Autoridad de Tierras por daños ecológicos al Caño Tiburones, ubicado entre los municipios de Arecibo y Barceloneta.  Este caso resultó en que cerca de la mitad de este humedal (3,428 cuerdas de unas 7,000 cuerdas) se declarara Reserva Natural en el año 1998 y en la creación de una servidumbre de conservación de 450 cuerdas (437 acres) a nombre de la Fundación Puertorriqueña de Conservación.

     Violación a la Ley de Política Pública Ambiental - CDK y la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana, a través de la Lcda. Jessica Rodríguez Martín, representaron al Sr. Eliud Delgado Martínez en la radicación un Mandamus en contra de varias agencias gubernamentales, que incluían la Junta de Planificación (JP), la JCA, el DRNA, el Departamento de Vivienda y la Administración de Reglamentos y Permisos por violaciones a la Ley de Política Pública Ambiental.  El Mandamus también incluía al proponente de un proyecto residencial unifamiliar de interés social de 200 solares con cabida de 350 metros cuadrados, propuesto en el Sector Cayuco del Barrio Caguana en el municipio de Utuado.  El proyecto iba a ser sufragado con fondos del Departamento de la Vivienda. 

     Aunque el proyecto iba a construirse en una zona dotada de una riqueza natural increíble, incluyendo sistemas de cuevas, sumideros y humedales, y en una zona sensitiva arqueológicamente, la JCA concluyó que el proyecto no tendría efecto adverso significativo sobre el ambiente y aceptó la Evaluación Ambiental del mismo.  El Mandamus requería el desarrollo de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que evaluara todos los posibles impactos ambientales significativos del proyecto.  El Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó que las agencias demandadas incumplieron con su deber de evaluar las consecuencias ambientales del proyecto y que la Evaluación Ambiental no fue adecuada, ya que no representaba las verdaderas condiciones ambientales sensitivas del área.  El Tribunal exigió a la JP y a la JCA que preparasen una DIA y que evaluaran nuevamente el proyecto; acción que no ha ocurrido hasta la fecha.