Ley de Protección al Karso

    En el año 1999 la Legislatura de Puerto Rico (ambos cuerpos con mayoría del P.N.P.) aprobó por unanimidad la Ley 292, Ley para la Protección de la Fisiografía Cársica. La misma fue firmada por el gobernador Pedro Rosselló González, convirtiéndose en Ley. Dicha Ley le requería al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que en el plazo de dos años prepara un estudio para delimitar las áreas que deberían protegerse. Dicho estudio no se preparó, dando lugar a que Ciudadanos Del Karso radicara un caso un mandamus en el Tribunal de Primera instancia. Historia del caso a continuación.


HISTORIAL DEL CASO LEY 292

Caso KPE02-2448 (907) (febrero 2010)

    El Artículo 5 de la Ley Núm. 292 del 21 de agosto de 1999, conocida como la Ley para la Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico (en adelante “Ley 292”) le asigna al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (“DRNA”):

1. la responsabilidad de apercibir de las disposiciones de esta Ley a todas las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico encargadas de aprobar o endosar proyectos y permisos;

2. ordenar a los Negociados de Geología, Recursos de Agua, Programa de Zona Costanera, Patrimonio Natural y al Negociado de Pesca y Vida Silvestre que lleven a cabo un estudio que defina las áreas que, debido a su importancia y función geológica, hidrológica y ecosistémica, no puedan ser utilizados bajo ningún concepto para la extracción de materiales de la corteza terrestre con propósitos comerciales, ni para explotaciones comerciales. Dicho estudio ofrecerá alternativas para que las actividades antes señaladas puedan llevarse a cabo bajo condiciones apropiadas en otras áreas de la zona cársica. (en adelante “el Estudio”) Las recomendaciones de el Estudio se incorporarán en el Reglamento para la Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre y en los reglamentos de la Junta de Planificación para zonificar aquellas áreas de la zona cársica que deban conservarse. El Secretario podrá constituir un comité interdisciplinario con el personal de la agencia, de agencias estatales y federales y representantes de grupos cívicos para que ofrezcan apoyo para la tarea aquí asignada así como identificar los terrenos, comunidades naturales y hábitats que deben conservarse.

  1. 3.preparar un inventario con esta información y, de ser necesario, un plan de protección o adquisición de terrenos para su conservación. El Estudio será terminado en un plazo no mayor de dos (2) años a partir de la fecha de aprobación de esta Ley.

    El 16 de octubre de 2002, Ciudadanos del Karso (“CDK”) radicó un recurso de mandamus contra el Secretario del DRNA en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan (TPI) para que cumpliera con la preparación del Estudio, ya que para esta fecha la agencia no lo había realizado. (caso KPE02-2448 (907)). La demanda fue enmendada posteriormente para incluir como demandados a la Junta de Planificación y a la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), reclamando que estas dos agencias están en la obligación de recibir el visto bueno del DRNA para poder emitir posteriormente cualquier permiso o autorización relacionado a la construcción de cualquier proyecto en la región del karso de Puerto Rico.


    Luego de un extenso trámite judicial, y en el cual el DRNA incumplió en repetidas ocasiones varios acuerdos de transacción consignados en el tribunal en cuanto a fechas específicas para cumplir el Estudio del Karso, en septiembre de 2008, la agencia finalizó dicho estudio. En éste se identificó y delimitó un área que comprende un 35% del karso puertorriqueño como Área del Carso con Prioridad de Conservación (ACPC), y en donde el DRNA no podrá emitir permisos para la extracción de materiales de la corteza terrestre. La Junta de Planificación, a su vez, esta en la obligación de calificar dichos terrenos mediante distritos de zonificación dirigidos a su conservación.


    En enero de 2009, el TPI dictó sentencia declarando el Estudio del Karso como final. Como parte de la sentencia, se incluyó un plan de trabajo en el cual el DRNA estaba obligado a tener lista la Declaración de Impacto Ambiental Estratégica (DIA-E) requerida para enmendar el Reglamento de Corteza Terrestre con miras a adoptar las recomendaciones del Estudio del Karso, en febrero de 2009. A su vez, la agencia debía celebrar vistas públicas para discutir las enmiendas al Reglamento de Corteza Terrestre en mayo de 2009. El DRNA celebró vistas públicas en noviembre y diciembre de 2009, para discutir las enmiendas al Reglamento de Corteza Terrestre. Sin embargo, al día de hoy, no ha circulado la DIA-E para las enmiendas al Reglamento de Corteza Terrestre.


    La sentencia emitida por el TPI, sin embargo, no acogió el reclamo de CDK en cuanto a que la Junta de Planificación y ARPE debían de esperar por el endoso del DRNA para poder entonces aprobar cualquier endoso o permiso solicitado por proyecto alguno en la región del karso. CDK pidió una revisión sobre este asunto ante el Tribunal de Apelaciones, el cual acogió los planteamientos hechos por la organización, y revocando con ello la decisión hecha por el TPI. Sin embargo, la Junta de Planificación y ARPE han sometido un recurso de certiorari en el Tribunal Supremo de Puerto Rico pidiendo la revocación de esta última decisión. Recientemente el Tribunal Supremo decidió no ver el caso, por lo que prevalece la sentencia del Tribunal Apelativo.


    A partir de la sentencia emitida por el TPI en enero de 2009, varias organizaciones han acudido ante este foro judicial y al de Tribunal de Apelaciones, para que se deje sin efecto la misma con el fin de que no tenga vigencia el Estudio del Karso, incluyendo a su vez la directriz de que la Junta de Planificación y ARPE deben esperar por el endoso del DRNA. Entre estos grupos se encuentran varios dueños de cantera, particularmente Canarico Quarries y Canteras Carmelo, la Asociación de Industrias Productores de Agregados, el municipio de Morovis, y el consorcio público privado Iniciativa Tecnológica del Norte (INTENOR). Este último esta integrado por varios municipios del norte de la Isla, y sorprendentemente, el Sistema Universitario Ana G. Méndez, y las farmacéuticas Abbott Laboratories, Pfizer y Merck, Sharp & Dohme.


    Hasta el momento, tanto el TPI y el Tribunal de Apelaciones han rechazado las solicitudes de intervención y de relevo de sentencia sometidas por estos grupos. Sin embargo, en febrero de 2010, estas organizaciones, junto a la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, sometieron mociones en el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que se les permita ser amigos de la corte en apoyo a la desestimación que esta pidiendo la Junta de Planificación y ARPE. De paso, y a pesar de no estar ante la consideración de este Tribunal, también han solicitado que se deje sin vigencia el Estudio del Karso, lo cual no lograron al Supremo determinar no ver el certiorari sometido por las Agencias antes indicadas. A la misma vez, han hecho gestiones en la Cámara de Representantes para que se apruebe una Resolución Conjunta para que se deje sin efecto el Estudio del Karso.


    De prevalecer en sus intenciones, se pone en grave peligro la conservación del karso, incluyendo varias áreas en esta zona que numerosos grupos comunitarios y ambientales han gestionado su protección por años. Entre estas se destacan:


  1. 1.la sección del karso norteño que comprende el Corredor Biológico de Áreas Naturales Protegidas desde el Atlántico Norte al Caribe Sur propuesto por Casa Pueblo;

    2. segmentos de los acantilados en Isabela-Quebradillas-Camuy (Liga Ecológica Quebradillana);

    3. los mogotes de la urbanización El Plantío en Toa Baja (Ciudadanos Pro Bosque de El Plantío);

    4. el sistema de cavernas del Río Encantado en Florida y las Cuevas El Convento en Peñuelas (Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico);

    5. el Cerro Las Cuevas en Juana Díaz;

    6. Punta Ventana en Guayanilla (Sociedad Ornitológica Puertorriqueña - SOPI);

    7. el Hábitat Crítico del Coquí llanero en Toa Baja;

    8. los mogotes de Tintillo en Bayamón;

    9. el Cañón Las Bocas en Barranquitas;

    10. gran parte del cinturón del karso norteño (Ciudadanos del Karso y SOPI); y

    11. la Reserva Natural de las Cuevas de Aguas Buenas (Consejo Pro Defensa de las Cuevas de Aguas Buenas).

    De igual manera, se fomentaría que continúe la ubicación de canteras en esta región, así como la construcción de proyectos residenciales en áreas propensas a deslizamientos, caídas de rocas y colapsos de sumideros. Estas actividades impactarían los acuíferos de los que depende cientos de miles de personas para sus necesidades de agua potable, incluyendo más de 110,000 empleos directos, indirectos e inducidos relacionados a la industria farmacéutica y lechera que dependen del agua subterránea para sus operaciones.